Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento público expresamos nuestro profundo desasosiego y desconcierto por la decisión tomada por la Ministra de la Gobernación de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, de aprobar la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, mediante el Acuerdo Ministerial Nº 105-2023-OSFL, por un presunto incumplimiento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y otras leyes conexas.

Este acuerdo precede a una notificación suscrita por la jueza Gloria María Saavedra, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, en el que dispone «la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la Universidad Centroamericana, UCA», regentada por la Compañía de Jesús. Tanto la ilegalización de la Asociación Compañía de Jesús como la incautación de los bienes de la UCA contradicen las normas constitucionales, que garantizan el derecho a la asociación, y los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha reiterado en sus recomendaciones al Estado de Nicaragua que debe garantizar la libertad de asociación, restablecer la personalidad jurídica de las organizaciones sancionadas y restituirlas sus activos. Durante el último Examen Periódico Universal (EPU) se formularon 23 recomendaciones en el mismo sentido, según el ACNUDH, 10 de ellas aceptadas por Nicaragua.

Sin embargo, el proceso de ilegalización de las asociaciones y la incautación de sus bienes se mantiene bajo el presunto incumplimiento de normas secundarias y bajo la acusación de fomentar el terrorismo, un tipo penal inaceptable e incongruente con las actividades educativas y sociales promovidas por la Compañía de Jesús, especialmente en Nicaragua y Centroamérica.

Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a rever estas disposiciones, no sin antes garantizar el debido proceso para que este tipo de decisiones estatales no se sustenten en normas secundarias contrarias a la Constitución de la República y los tratados y estándares internacionales de derechos humanos y, finalmente, a fomentar un diálogo respetuoso y proactivo a favor de los intereses de miles de familias que educan a sus hijos en los centros educativos y se benefician de las obras, desde hace décadas, de la Compañía de Jesús, entre ellas la UCA.

Quito, 25 de agosto del 2023

Comunicado completo: Jesuitas_UCA_Pronunciamiento_Publico_Ecuador_25Ago